Corte confirma condenas por fraude al fisco y lavado de activos en caso que involucró a funcionarios de Salud municipal

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas de tres personas condenadas por su participación en una trama de fraude al fisco, lavado de activos y fraude de prestaciones estatales, cometidos entre 2019 y 2024 en la comuna.

La decisión, adoptada de manera unánime en la causa rol 640-2026, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena contra Nicole Paz Cadena Munita, Bélgica Olaya Guerra Galleguillos y Cristian Adrián Muñoz Fredes, este último esposo de Cadena Munita.

De acuerdo con lo establecido en la sentencia de primera instancia, los tres se coordinaron para defraudar fondos públicos administrados por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, generando un perjuicio aproximado de $762.778.091.

Condenas de hasta cuatro años de cárcel

Cadena Munita, quien se desempeñaba como coordinadora del Departamento de Salud de la corporación, fue condenada a dos penas de cuatro años de presidio efectivo, además del pago de multas equivalentes al 50% del perjuicio causado y 100 UTM, por los delitos consumados de fraude al fisco y lavado de activos, respectivamente.

Guerra Galleguillos, quien ejercía como secretaria del Departamento de Salud, recibió también dos penas de cuatro años de presidio efectivo, junto con las multas correspondientes, por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos.

En tanto, Muñoz Fredes fue condenado a cuatro años de presidio efectivo y una multa de 100 UTM como autor del delito de lavado de activos. Además, recibió una pena de tres años de reclusión y una multa de 15 UTM por fraude de prestaciones estatales.

Con el rechazo de los recursos, la Corte de Apelaciones confirmó las sanciones impuestas por el tribunal oral.

El mecanismo para desviar los fondos

La sentencia de primera instancia estableció que, al menos desde diciembre de 2019 y hasta 2024, Cadena Munita, Guerra Galleguillos y Muñoz Fredes actuaron de manera coordinada y permanente para defraudar fondos públicos y posteriormente ocultar el origen de los recursos.

Según los antecedentes acreditados en el juicio, cada integrante cumplía funciones específicas dentro del esquema, que permitía generar pagos improcedentes desde el Departamento de Finanzas de la Corporación Municipal hacia personas reclutadas por los involucrados.

Estas personas, denominadas “boleteros” en la investigación, no habrían prestado servicios para la repartición pese a recibir los pagos.

El mecanismo permitió generar un perjuicio fiscal estimado en $762.778.091.

La Corte sostuvo que los jueces del tribunal oral lograron acreditar una serie de maniobras destinadas a confundir los dineros provenientes de la defraudación. Entre ellas se encontraban transferencias sucesivas entre cuentas bancarias de los distintos participantes y, posteriormente, hacia cuentas de Cadena Munita y Muñoz Fredes.

Los fondos también circularon entre las cuentas personales de ambos y cuentas pertenecientes a sociedades en las que tenían participación.

Corte confirma participación de las tres personas

Respecto de Cadena Munita y Muñoz Fredes, el tribunal de alzada consideró acreditadas las operaciones destinadas a dificultar la trazabilidad del dinero obtenido mediante la defraudación.

En cuanto a Guerra Galleguillos, la Corte estableció que la funcionaria utilizó su posición como secretaria del Departamento de Salud para actuar coordinadamente con los otros condenados, primero en la defraudación de fondos públicos y posteriormente en las maniobras destinadas a ocultar y disimular el origen ilícito de los recursos.

El fallo señala que Guerra Galleguillos participó además en el reclutamiento de personas que fueron utilizadas en el esquema y realizó distintas operaciones destinadas a impedir el seguimiento del dinero.

La resolución agrega que la condenada adquirió, poseyó, tuvo o utilizó bienes provenientes de los fondos defraudados, con conocimiento de su origen ilícito.

Los hechos fueron cometidos mientras Cadena Munita ejercía como coordinadora del Departamento de Salud —cargo que ocupó hasta enero de 2022— y Guerra Galleguillos se desempeñaba como secretaria de la misma repartición, función que ejerció hasta abril de ese año.